Se complican las explicaciones patrimoniales de Manuel Adorni ante las contradicciones por criptomonedas

El ex jefe de Gabinete presentó un extenso descargo judicial para justificar montos en efectivo no declarados mediante la venta de Bitcoins. Sin embargo, archivos audiovisuales, registros en redes sociales y movimientos de billeteras virtuales contradicen su versión sobre el origen de los fondos.

La situación procesal del ex funcionario Manuel Adorni ingresó en una etapa definitoria tras la entrega de un escrito de 78 páginas presentado por su defensa ante la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita. El documento busca justificar la tenencia de casi 600 mil dólares en efectivo no consignados en sus declaraciones juradas anteriores, atribuyendo el origen de ese capital a operaciones con activos digitales realizadas antes de su ingreso a la función pública.

La estrategia de la defensa sostiene que el dinero provino de la liquidación presencial de activos acumulados en ocho direcciones de Bitcoin adquiridas a partir de 2014. No obstante, la fundamentación chocó rápidamente con sus propias manifestaciones públicas. Registros audiovisuales de los años 2020 y 2022 revelan que, en diversas disertaciones sobre economía y finanzas, Adorni afirmaba no estar interiorizado en la operatividad del mercado cripto para la fecha en que supuestamente realizaba las millonarias compras, al tiempo que cuestionaba la viabilidad de utilizar dichos activos como una inversión formal.

A las inconsistencias discursivas se suman elementos probatorios vinculados a la geolocalización y al análisis técnico de las billeteras informadas. Especialistas en análisis forense digital detectaron que una de las cuentas recibió transferencias en fechas donde el exjefe de Gabinete acreditaba estar fuera del país, según sus propias publicaciones en redes sociales. Asimismo, la presencia de movimientos desde plataformas de intercambio centralizadas contradice la hipótesis de transacciones exclusivamente presenciales e informales expuesta ante la Justicia.

En paralelo, la investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para el financiamiento de un inmueble en un barrio privado y el ostensible nivel de consumo familiar. Sobre este punto, la causa analiza el uso de tarjetas de crédito pertenecientes a empleadas y allegados para la compra de equipamiento, operatoria que la defensa justificó como favores personales y devolución de efectivo por motivos de agenda laboral.

El fiscal interviniente analiza la totalidad de la documentación presentada junto con las pruebas cruzadas aportadas por especialistas para definir el rumbo de la causa. En las próximas semanas, la fiscalía resolverá si da por satisfechas las explicaciones del exfuncionario o si, por el contrario, ordena nuevas medidas probatorias y cita al imputado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.