Condenaron a cuatro policías y a un civil por secuestrar a un joven y exigir un rescate

Los jueces impusieron penas de diez años y diez años y medio de prisión para los acusados por un hecho ocurrido en febrero de 2024. La víctima permaneció retenida ilegalmente en la Jefatura de Zona III mientras exigían dinero a su madre.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia condenatoria contra cuatro efectivos de la fuerza de seguridad provincial y un civil, hallándolos culpables del secuestro extorsivo de un joven de 28 años cometido durante el mes de febrero de 2024. Los magistrados Pablo Toledo, Liliana Snopek y Ángel Luna Roldán consideraron probado que los acusados pergeñaron un operativo clandestino para retener al muchacho en una dependencia policial y exigir una suma de dinero a su familia para liberar a la víctima.

Las actuaciones determinaron que el hecho comenzó la noche del 23 de febrero de 2024, cuando Facundo Nahuel Amaya contactó a la víctima mediante una plataforma de mensajería para simular la compra de flores de cannabis. Tras concertar un encuentro en un barrio privado de la zona este de la Capital, el comprador convenció al joven de acercarse a un automóvil Renault Megane, donde fue reducido por personal policial uniformado y armado.

Posteriormente, el muchacho fue trasladado hasta la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital, en el barrio San Cayetano. En las instalaciones de la dependencia policial, el joven sufrió agresiones físicas y coacciones mientras los captores contactaban a su madre. Los acusados solicitaron un pago para no iniciarle una supuesta causa penal por narcotráfico. Horas más tarde, tras la entrega de $240.000 por parte de la mujer, el damnificado recuperó la libertad.

La investigación conducida por la fiscalía federal derivó en el procesamiento del comisario Gustavo Ezequiel Morales, el oficial principal Ángel Sebastián Gómez, el cabo primero Sergio Daniel Díaz, el agente Franco Javier Jiménez y el civil Amaya.

El tribunal aplicó penas de 10 años y seis meses de prisión para los cuatro uniformados, además de una inhabilitación especial por diez años, mientras que el civil recibió una pena de 10 años de cárcel. Asimismo, la resolución judicial estableció que los condenados y el Estado provincial deberán abonar indemnizaciones a las víctimas por el daño moral ocasionado.