Fuertes cuestionamientos de la oposición por los cambios al régimen legal de Discapacidad

Legisladores nacionales advierten que la propuesta presupuestaria elimina el arancel único para prestaciones médicas, suprime la compatibilidad con el empleo formal y quita garantías en la cobertura de salud de las pensiones no contributivas.

La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 generó un intenso debate en el Congreso de la Nación tras detectarse la derogación de varios artículos centrales de la ley de emergencia en Discapacidad. Dirigentes de diversos bloques opositores denunciaron que la iniciativa gubernamental promueve un desguace del sistema de protección social y vulnera derechos adquiridos por los beneficiarios.

Entre los puntos más controvertidos se encuentra la eliminación del principio de nomenclador único a nivel nacional. La reforma plantea que cada obra social, empresa de medicina prepaga o jurisdicción provincial negocie los aranceles de forma individual con los prestadores. Según explicaron miembros de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, esta medida terminará con la homogeneidad de los valores y reemplazará la actualización automática mensual basada en la movilidad jubilatoria por esquemas discrecionales y fragmentados.

Asimismo, el texto oficial introduce modificaciones sustanciales respecto al trabajo registrado. El proyecto suprime la norma que permitía compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva con un empleo formal o inscripción tributaria que genere ingresos de hasta dos salarios mínimos. Bajo el nuevo esquema, el alta en un puesto laboral provocará la baja automática del beneficio social, lo que, según especialistas del sector, desincentivará el empleo formal e impulsará la informalidad.

Por otra parte, la iniciativa da de baja las herramientas de estudio de costos específicos para actualizar los servicios de transporte y asistencia terapéutica, al tiempo que modifica la definición legal de persona con discapacidad orientada por tratados internacionales. Finalmente, la reforma elimina la obligación legal del Estado de garantizar la cobertura de salud a los titulares de pensiones por invalidez.

Desde la oposición remarcaron que la inclusión de modificaciones permanentes a leyes de fondo dentro de la ley de presupuesto resulta inconstitucional y atenta contra el principio de no regresividad en derechos humanos. Adicionalmente, advirtieron que la desregulación arancelaria pone en riesgo inmediato la continuidad operativa de cientos de centros de atención e instituciones en todo el país.