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El Tribunal de Cuentas le exige devolver $1.317 millones a ex funcionarios de la Caja Popular de Ahorros

Redacción Tucdia 2 min de lectura
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Un dictamen fiscal sin anestesia ordenó restituir los fondos perdidos por sueldos cobrados sin contraprestación alguna. Cuando el pasado toca la puerta con una factura millonaria bajo el brazo, la nostalgia por los tiempos felices en el organismo se convierte en un dolor de cabeza financiero de proporciones bíblicas.

Hay tradiciones tucumanas arraigadas, como comer empanadas los domingos o quejarse del calor en noviembre, y después están aquellas que los contribuyentes pagan de su propio bolsillo sin haber sido invitados a la fiesta. En las últimas horas, la provincia amaneció con un temblor administrativo que sacudió los cimientos del espacio que responde al diputado nacional Carlos Cisneros, luego de que el Tribunal de Cuentas emitiera un fallo de esos que no admiten demasiadas sonrisas ni chicanas de café. Mediante un dictamen tan pesado como inevitable, se le exigió a la excúpula de la Caja Popular de Ahorros devolver ni más ni menos que $1.317 millones al erario provincial.

La cifra, que marea a cualquiera con un monotributo al día, corresponde a un rosario de desprolijidades financieras donde brillaban por su ausencia los justificativos lógicos, destacándose el pago de sueldos jugosos a agentes que cobraban religiosamente sin pisar jamás una oficina ni cumplir tareas que lo ameritaran. ¡Hermoso servicio a la comunidad! Mientras miles de tucumanos hacen malabares con la inflación para llegar a fin de mes, por los pasillos de la entidad financiera parecía regir la generosa filosofía de que la plata ajena no duele y el Estado es una suerte de mecenas bondadoso e inagotable.

La resolución del organismo de control no se anda con chiquitas: ordena actualizar los montos hasta el último centavo y pone en marcha las maquinarias de ejecución judicial para que los responsables no se zafen revoleando carpetazos al aire. Es que el rojo financiero acumulado en la institución ya venía generando ruidos molestos en el tablero político provincial, obligando a poner blanco sobre negro en una caja que históricamente funcionó como un estado dentro de otro estado.

Los muchachos de la exgéstión ahora deberán apelar al ingenio o a ahorros muy bien guardados para juntar los más de mil millones de pesos requeridos. Queda claro que los favores políticos se pagan tarde o temprano; la única mala noticia para los involucrados es que esta vez la factura llegó con intereses y sin derecho a pataleo.