Una auditoría oficial reveló irregularidades millonarias en la ex Agencia Nacional de Discapacidad

El relevamiento estatal detectó inconsistencias por más de $158.000 millones entre distintas dependencias internas, además de fallas en los controles administrativos y el uso reiterado de mecanismos excepcionales de pago.

Una revisión administrativa llevada a cabo por las autoridades nacionales expuso un desfasaje financiero de $158.717 millones en las planillas internas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La discrepancia patrimonial se concentró en el periodo de gestión que concluyó en agosto de 2025, tras la remoción de su entonces titular, Diego Spagnuolo.

El informe elaborado por la intervención del organismo comparó los registros contables presentados por dos sectores estratégicos: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Esta última área, responsable de la ejecución de programas sanitarios clave, fue la que consignó el pasivo más abultado. No obstante, las propias autoridades de la dependencia admitieron la presencia de eventuales inconsistencias en los datos entregados, atribuyendo los desvíos a posibles fallas durante la carga de información por parte de los proveedores.

Las irregularidades administrativas del área de salud no se limitan a las diferencias numéricas. Actualmente, dicho sector se encuentra bajo la lupa de la Justicia Federal a raíz de una causa penal que investiga presuntos sobreprecios y el cobro de comisiones ilegales en las contrataciones de suministros médicos.

Paralelamente, los auditores señalaron observaciones críticas respecto al canal empleado para saldar los compromisos comerciales. El organismo mantuvo el hábito de recurrir a la figura del legítimo abono, un procedimiento extraordinario que permite cancelar prestaciones o bienes entregados sin la realización previa de licitaciones u ordenamientos licitatorios formales. Bajo esta modalidad y otros esquemas de pago, las empresas proveedoras de insumos médicos y medicamentos percibieron un total superior a los $479.000 millones entre el ejercicio 2024 y el corte operativo de agosto de 2025.

El examen integral abarcó la revisión de contratos, personal, fondos rotatorios, dispositivos electrónicos y declaraciones juradas. Las conclusiones finales fueron derivadas a los organismos de control para determinar las responsabilidades operativas y evaluar eventuales presentaciones judiciales por el manejo de los fondos públicos.