Procesaron sin prisión preventiva a los desarrolladores del barrio privado Las Pirámides

La Justicia federal ordenó la medida contra Próspero Sosa y su hijo Marcio por la ocupación de tierras pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán. La resolución incluye embargos millonarios y atribuye delitos de usurpación, defraudación y daño ambiental.

El fuero federal avanzó en la causa que investiga la instalación del emprendimiento inmobiliario Las Pirámides sobre terrenos del Parque Sierra de San Javier, propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El juez Guillermo Díaz Martínez dictó el procesamiento sin prisión preventiva para el administrador del loteo, Próspero Marcelo Sosa, y para su hijo Marcio, disponiendo además embargos sobre sus bienes por 500 millones y 200 millones de pesos, respectivamente.

La imputación principal recae sobre el administrador del predio como presunto autor de usurpación mediante despojo, estelionato y daño agravado a bienes de uso público, mientras que a su hijo se le atribuye una participación secundaria. El expediente, impulsado por la fiscalía federal a cargo de Agustín Chit, analiza la comercialización de parcelas y el avance de obras irregulares dentro del sector protegido de la ruta provincial 338 durante el período comprendido entre 2019 y 2024.

Entre los elementos probatorios destacados en el fallo se remarca la expansión de las edificaciones, que pasaron de 25 viviendas detectadas en 2019 a 70 construcciones relevadas en junio de 2024. Asimismo, la investigación acreditó la suscripción de al menos 19 boletos de compraventa, la mayoría de los cuales fueron firmados con posterioridad a una medida cautelar dictada en 2018 que prohibía explícitamente cualquier tipo de intervención, tala o venta de lotes en el área.

En su resolución, el magistrado rechazó los planteos de la defensa vinculados a la prescripción o cosa juzgada de actuaciones previas, al sostener que los desmontes, la apertura de caminos y la venta de tierras examinados constituyen hechos autónomos y recientes. Además, el fallo desestimó los argumentos sobre una supuesta posesión hereditaria, señalando la ausencia de títulos o resoluciones judiciales que respalden el dominio sobre el inmueble universitario.

Con el procesamiento confirmado y los embargos fijados, la causa ingresa en una etapa determinante para delimitar las responsabilidades penales y patrimoniales de los imputados. La decisión judicial marca un precedente clave en la protección del patrimonio territorial de la universidad y en el freno al desarrollo de loteos no autorizados en reservas naturales.