Absolvieron a Julio de Vido y dictan condenas condicionales en la causa Sueños Compartidos

El Tribunal Oral Criminal N°5 absolvió al ex ministro de Planificación Federal y aplicó penas menores a tres años para los ex funcionarios José López y Abel Fatala, así como para los hermanos Schoklender. La resolución dispuso además el decomiso de más de 206 millones de pesos desviados.

En una definición judicial adoptada horas antes del límite previsto para la prescripción de la acción penal, el Tribunal Oral Criminal N°5 resolvió absolver al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, en el marco del juicio por el programa habitacional «Sueños Compartidos». La decisión de los magistrados alcanzó también a otros exfuncionarios de la cartera y a excolaboradores provinciales vinculados a las gestiones de las obras.

El fallo estableció condenas de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el exsubsecretario del área, Abel Fatala, fijando una pena de dos años y nueve meses de prisión como coautores de administración fraudulenta. Asimismo, los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, recibieron sanciones de dos años y ocho meses, y dos años y cuatro meses respectivamente, en calidad de partícipes necesarios.

Las escalas penales aplicadas por el tribunal resultaron sensiblemente inferiores a los seis años de prisión requeridos por el Ministerio Público Fiscal durante la etapa de alegatos. Al inicio del acto procesal, el cuerpo de jueces desestimó los planteos presentados por las defensas técnicas, las cuales solicitaban la nulidad del proceso y el archivo de las actuaciones argumentando la vulneración de los plazos razonables de juzgamiento.

En el plano económico, la sentencia ordenó por mayoría el decomiso de bienes cautelados por un valor superior a los 206 millones de pesos. El monto fue determinado como el haber público desviado mediante sobreprecios e irregularidades en las licitaciones destinadas a la construcción de viviendas sociales ejecutadas entre 2005 y 2011.

Con la fijación de la audiencia para el próximo 13 de noviembre para la lectura de los fundamentos integrales del veredicto, el fuero penal concluye la etapa de debate oral de uno de los expedientes de mayor resonancia institucional. La resolución marca un precedente clave sobre la responsabilidad administrativa en la asignación y control de la obra pública en el país.