Presentan una demanda masiva contra Mercado Pago por el cobro de comisiones abusivas

Organizaciones de consumidores exigen la revisión de los montos aplicados en los últimos tres años y solicitan la restitución de cobros indebidos a millones de bancarizados.

El sector financiero enfrenta una nueva ofensiva legal a gran escala. Representantes de derechos del consumidor iniciaron acciones colectivas con el objetivo de que la Justicia revise de manera exhaustiva los esquemas de cobro aplicados por bancos y financieras durante el último trienio. La medida busca invalidar recargos considerados desmedidos y lograr la devolución efectiva de los fondos cobrados al margen de la regulación.

La controversia surge tras detectar que un importante caudal de usuarios recurrió al crédito privado para hacer frente a imprevistos o contingencias económicas del hogar, encontrándose posteriormente con costos financieros totales que superaban con creces las condiciones pactadas o estipuladas por el marco normativo vigente. Quienes promueven la demanda argumentan que estas prácticas vulneran la transparencia contractual y sobrecargan injustificadamente la economía de las familias.

Aunque los primeros antecedentes de la causa se fundamentaron en reclamos de carácter particular, la estrategia procesal dio un giro sustancial al unificarse bajo la figura de acción de clase o demanda colectiva. De este modo, un fallo favorable no solo beneficiaría a los demandantes iniciales, sino que sentaría un precedente de alcance general. Según estimaciones del sector, el alcance potencial de la resolución podría impactar directamente en cerca de siete millones de clientes en todo el territorio nacional.

El reclamo no solo exige el reintegro de los importes percibidos de forma irregular, sino también la aplicación de tasas de actualización correspondientes y la fijación de límites estrictos para evitar futuras distorsiones en los contratos de financiamiento comercial.

Se prevé que en los próximos meses los tribunales intervinientes se pronuncien sobre la admisibilidad formal del recurso colectivo. De avanzar la causa, el sistema financiero podría verse obligado a reestructurar sus costos operativos y llevar a cabo desembolsos millonarios para resarcir a los damnificados, en lo que ya se perfila como uno de los litigios de consumo bancario más voluminosos de los últimos años.