Causa Sueños Compartidos, el Tribunal Oral Federal 5 define hoy un veredicto clave al límite de la prescripción

La sentencia llega tras un extenso proceso oral y en medio de fuertes controversias jurídicas sobre los plazos de extinción de la acción penal. Hay exfuncionarios y administradores en la mira de la Justicia.

El Tribunal Oral Federal 5, conformado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, dará a conocer su veredicto en el marco de la causa que investiga el desvío masivo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La lectura de la sentencia, inicialmente prevista para los últimos días, quedó fijada para esta jornada debido a que el Ministerio Público Fiscal la considera como fecha límite para evitar que prescriba la acción penal respecto a la mayor parte de los involucrados. Desde la fiscalía se calcula que se cumplen seis años desde el último acto procesal considerado válido, un criterio que choca frontalmente con el de las defensas, las cuales argumentan que la extinción legal ya operó por el prolongado paso del tiempo.

El expediente se originó en 2011 y recién arribó a la etapa de debate oral en marzo de este año, quince años después, acumulando demoras que colocaron al juicio al borde del vencimiento de los plazos legales. Previo al pronunciamiento del tribunal, las audiencias contemplan las últimas palabras de los imputados.

El listado de acusados incluye a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la entidad, junto a figuras de peso político como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala, además de otros exfuncionarios. Cabe recordar que la titular histórica de la fundación, Hebe de Bonafini, estuvo procesada pero falleció en 2022.

Durante los debates, la fiscalía solicitó condenas de hasta seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado, junto con inhabilitaciones perpetuas y el decomiso de millonarios fondos que habrían sido desviados de los programas habitacionales ejecutados entre 2008 y 2011 hacia firmas vinculadas a la gestión de los Schoklender.