Cuando la dádiva reemplaza al derecho

Sé perfectamente que algunas de mis publicaciones, teñidas de ironía, no resultan simpáticas. Tampoco pretendo que lo sean.

Hay momentos en los que la simpatía se vuelve un lujo menor frente a ciertas realidades que merecen ser dichas, discutidas y, sobre todo, pensadas.

No puedo comulgar con la manipulación política, con la mediocridad convertida en estructura, con la ausencia deliberada de pensamiento crítico ni con esa peligrosa avidez por la dádiva que termina instalándose allí donde deberían existir derechos, trabajo, educación y autonomía.

Porque una cosa es asistir a quien necesita ayuda y otra muy distinta es construir dependencia.

Una sociedad que necesita permanentemente recibir para sobrevivir deja, lentamente, de preguntarse cómo producir, cómo crecer, cómo exigir, cómo elegir y, finalmente, cómo decidir.

Y eso debería preocuparnos.

Mucho.

Capítulo aparte merecen nuestros jubilados.

Personas que trabajaron durante décadas y que hoy hacen cuentas para decidir si pagan un medicamento, un servicio o compran alimentos. Personas que, después de toda una vida productiva, descubren que envejecer puede convertirse en una carrera de obstáculos económicos.

¿Eso es progreso?

También están esas imágenes que, por habituales, pareciera que hemos dejado de ver: panzas alimentadas con mate cocido y pan, familias revolviendo posibilidades donde otros dejaron desperdicios, cartoneros caminando kilómetros como verdaderas mulas humanas mientras alrededor se multiplican discursos sobre inclusión, justicia y derechos.

Algo no cierra.

Y quizás lo más inquietante sea precisamente que nos acostumbremos a que no cierre.

Mientras tanto, los señores feudales contemporáneos parecen reproducirse con una extraordinaria capacidad de supervivencia.

Cambian los nombres, los partidos, los colores, los relatos.

El mecanismo permanece.

Redes de poder que se sostienen, cargos que parecen hereditarios, favores que circulan, contratos que pocas veces llegan explicados con claridad al ciudadano común y estructuras que sobreviven incluso cuando la realidad social demuestra que ya no funcionan.

La política, que debería ser una herramienta de transformación colectiva, corre así el riesgo de convertirse en una extraordinaria administradora de privilegios.

Y nosotros pagamos.

Literalmente.

En una provincia donde los servicios pesan cada vez más sobre el bolsillo de familias, comercios y pequeñas empresas, cabe una pregunta elemental: ¿cuánto más puede aumentarse antes de preguntarnos qué estamos financiando?

Porque cuando llega una factura no llega un concepto abstracto.

Llega a una casa.

A una jubilada.

A un trabajador.

A una pequeña empresa.

A una familia que administra su economía doméstica como puede.

Los aumentos desmedidos de servicios no son simples números en una planilla. Modifican decisiones concretas: qué se compra, qué se posterga, qué se deja de hacer, qué negocio puede continuar abierto y cuál ya no soporta otro incremento.

Por eso también debería interesarnos saber cómo se celebran los contratos públicos, quiénes resultan beneficiados, qué controles existen, cuánto cuestan determinados servicios y por qué ciertas estructuras continúan reproduciéndose año tras año.

No se trata de sospechar de todo.

Se trata exactamente de lo contrario: de construir instituciones tan transparentes que no sea necesario sospechar.

La democracia no debería exigir obediencia.

Debería exigir ciudadanos despiertos.

Personas capaces de preguntar, discutir, comparar, estudiar, reclamar y también reconocer cuando algo está bien hecho.

Porque el pensamiento crítico no consiste en oponerse a todo.

Consiste en no entregar la conciencia a nadie.

Ni al político que promete.

Ni al dirigente que distribuye.

Ni al comunicador que interpreta por nosotros.

Ni siquiera a nuestras propias convicciones cuando los hechos las contradicen.

Tal vez allí comience el verdadero problema.

Cuando la dádiva reemplaza al derecho, la prebenda reemplaza al mérito y la dependencia reemplaza a la autonomía, algo profundo se deteriora.

No solamente la economía.

También la dignidad.

Y una sociedad puede soportar pobreza durante mucho tiempo.

Lo verdaderamente peligroso comienza cuando aprende a considerarla normal.

Entonces quizás ya no debamos preguntarnos únicamente quién gobierna.

La pregunta más incómoda es otra:

¿qué clase de ciudadanos estamos dispuestos a ser mientras nos gobiernan?

Mirta Brand