Paraguay es una caldera

El congelamiento de depósitos de tres millones de clientes desencadenó manifestaciones multitudinarias, disturbios y el fin anticipado del mandato presidencial. El vicepresidente Pedro Alliana asume la jefatura de Estado en medio de severos cuestionamientos y una pronunciada interna dentro del oficialismo.

La crisis financiera y política en Paraguay alcanzó un punto de inflexión tras la renuncia del presidente Santiago Peña, acorralado por el estallido social derivado de la intervención estatal sobre el Ueno bank. El colapso del establecimiento paralizó los ahorros de la mitad de la población del país e inmovilizó unos 850 millones de dólares pertenecientes a dependencias públicas y fondos de pensiones, un escenario de interrupción en las cadenas de pagos que ha llevado a analistas locales a comparar la coyuntura con los acontecimientos acontecidos en Argentina durante el año 2001.

La dimisión del jefe de Estado sobrevino luego de intensas jornadas de protesta frente a la sede del Congreso Nacional, donde manifestantes exigían el procesamiento parlamentario del mandatario por sus pasados vínculos directos con la entidad bancaria. El descontento popular se tradujo en incidentes con las fuerzas de seguridad y el rechazo social a la renuncia simple, la cual abre la vía para que el mandatario saliente acceda a los fueros correspondientes a los senadores vitalicios. En tanto, la resolución de la autoridad monetaria para restituir depósitos de hasta cuarenta salarios mínimos no ha logrado mitigar la incertidumbre de los clientes.

El desenlace de la gestión presidencial estuvo marcado por la pérdida del respaldo del sector liderado por el exmandatario Horacio Cartes en el marco de disputas por el control del Partido Colorado. Tras la salida de Peña, la primera magistratura quedó en manos del vicepresidente Pedro Alliana, cuya figura afronta severos reparos por denuncias de nepotismo y la fallida iniciativa opositora de promover su juicio político de forma concomitante.

El recambio institucional abre un período de incertidumbre respecto del margen de gobernabilidad del nuevo Poder Ejecutivo ante el descontento en las calles. La contención de la emergencia financiera y la designación del nuevo vicepresidente por parte del Congreso definirán el rumbo político hacia las próximas elecciones.