Columna del Dr. Gustavo Gómez (*).
En Argentina, el sistema judicial no solo enfrenta los desafíos propios de su estructura federal, sino también una creciente influencia del calendario electoral, que condiciona ritmos, decisiones y prioridades. La combinación de diferencias procesales entre provincias, resistencias internas a las reformas judiciales, y una justicia que se adapta al pulso de la política, plantea un escenario incierto donde la legalidad y la oportunidad electoral parecen entrelazarse peligrosamente.
Un sistema con múltiples velocidades
La administración de justicia en el país no es uniforme. Aunque el Código Penal es único a nivel nacional, cada provincia define su procedimiento penal, lo que da lugar a distintos modos de juzgar y ejecutar las penas. Esta disparidad ha generado la percepción —a veces justificada— de que la justicia no es igual para todos.
Un ejemplo que alimenta estas dudas es el caso del exgobernador tucumano José Jorge Alperovich, condenado en primera instancia por abuso sexual y beneficiado con prisión domiciliaria en Puerto Madero. La resolución, aún no firme, contrasta con otros casos como el de un exfiscal de Entre Ríos, quien —a pesar de su avanzada edad— fue obligado a cumplir condena en prisión común. Las comparaciones no tardan en surgir, apuntando a un sistema judicial donde el acceso a determinados abogados o vínculos políticos puede modificar el trato judicial recibido.
Reformas demoradas y resistidas
El sistema judicial no solo se muestra desigual, sino también resistente al cambio. La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, que debía aplicarse en Buenos Aires a partir del 1 de agosto, fue postergada hasta noviembre, en una maniobra que responde más a los tiempos políticos que a una planificación institucional sólida.
Las resistencias provienen desde dentro: sectores del poder judicial —especialmente Comodoro Py— se oponen a este cambio, y se especula que la postergación busca evitar tensiones en pleno año electoral. La idea de posibles “represalias” judiciales antes de los comicios sobrevuela el escenario y confirma la estrecha relación entre justicia y poder político.
Justicia detenida por elecciones (o acelerada)
A medida que se acercan las elecciones, los tribunales tienden a ralentizar sus acciones. Las causas sensibles se congelan, se evitan definiciones que puedan incomodar a actores políticos, y la justicia entra en pausa.
Sin embargo, esta lógica tiene sus excepciones. En la causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema actuó con una celeridad inusual: confirmó un fallo en menos de 30 días, algo poco frecuente para un proceso de esa magnitud. El mensaje fue leído como una maniobra preventiva que podría limitar su participación electoral, evidenciando que la justicia puede apurarse… si hay motivos políticos suficientes.
Tucumán, el caso testigo de la superposición electoral
La provincia de Tucumán ofrece una muestra palpable de este entramado judicial y electoral. En la localidad de Juan Bautista Alberdi, los ciudadanos deberán votar simultáneamente cargos provinciales (intendente y concejales) y diputados nacionales, con la particularidad de que cada elección será administrada por una jurisdicción distinta: la justicia electoral provincial y la justicia federal electoral nacional, respectivamente.
Esto genera confusión y complicaciones logísticas. Por primera vez, se implementará boleta única para los diputados nacionales, mientras que para los cargos locales se utilizarán boletas tradicionales. La falta de costumbre de los votantes, acostumbrados al sobre cerrado con boleta armada, podría derivar en errores e impugnaciones. En este contexto, la coordinación entre la justicia electoral provincial y federal —cuyos jueces provienen incluso de otras provincias, como Catamarca— será clave para garantizar transparencia.
La necesidad de una justicia despolitizada
En medio de este panorama, el poder judicial argentino se enfrenta a una paradoja: debe actuar como árbitro imparcial en un terreno cada vez más contaminado por la política. Los ejemplos de privilegios procesales, reformas judiciales bloqueadas y resoluciones sincronizadas con el calendario electoral minan la confianza ciudadana.
La justicia, como pilar de la república, no puede ni debe operar al ritmo de las urnas. Urge avanzar en una unificación procesal, una reforma federal realista y una gestión judicial que no dependa de alianzas, coyunturas o silencios estratégicos. Porque cuando la justicia se ajusta a la política, el derecho deja de ser garantía para transformarse en herramienta de poder.
(*) Ex Fiscal Federal.
