La Legislatura de Tucumán tiene en sus manos una propuesta que busca saldar una deuda histórica de la provincia con la Constitución Nacional. El legislador Lic. Agustín Romano Norri (UCR) presentó formalmente un proyecto de ley para implementar el Juicio por Jurados, un sistema que desplaza la decisión final de los jueces técnicos para depositarla en manos de la sociedad civil en los casos más graves.
«Es el momento de que la sociedad participe directamente en el acto de juzgar», sentenció el parlamentario, aludiendo a la necesidad de otorgar mayor transparencia y legitimidad a un Poder Judicial que, a menudo, es percibido como distante por el ciudadano de a pie.
¿Cómo funcionaría el sistema?
La propuesta no es para todos los casos, sino que se centra en los delitos de mayor impacto social: aquellos cuya pena máxima sea de 15 años o más de prisión.
Los pilares del proyecto incluyen:
Composición ciudadana: Un cuerpo de 12 miembros titulares y dos suplentes, elegidos por sorteo del padrón electoral.
Paridad estricta: El tribunal popular deberá estar integrado por seis hombres y seis mujeres.
Unanimidad: Para declarar a alguien culpable, los 12 integrantes deberán estar de acuerdo. De no lograrse el consenso total, el veredicto no podrá dictarse.
Lenguaje claro: El sistema obliga a fiscales y abogados a abandonar los tecnicismos jurídicos para explicar los hechos en términos que cualquier ciudadano pueda comprender.
¿Quiénes pueden (y quiénes no) ser jueces por un día?
El proyecto establece requisitos básicos: ser argentino, tener entre 18 y 75 años y estar en pleno ejercicio de los derechos políticos. Sin embargo, para garantizar la imparcialidad, la ley excluye taxativamente a funcionarios de alto rango, miembros de fuerzas de seguridad, abogados y escribanos, evitando que el «saber técnico» o el poder político condicionen la mirada ciudadana.
El peso de la manda constitucional
Romano Norri recordó que el juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional desde 1853, pero su aplicación ha sido dispar en el país. De aprobarse, Tucumán se alinearía con provincias como Mendoza, Neuquén, Chaco y Buenos Aires, que ya transitan este camino con éxito.
El debate legislativo que se avecina promete ser intenso. En un contexto donde la demanda social por justicia es constante, la idea de que sea el propio «vecino» quien dictamine la culpabilidad podría cambiar para siempre la relación entre los tucumanos y los tribunales.
