Por el Dr. Gustavo Gómez (*)
¿Se acuerdan cuando pensábamos que lo peor que podía pasar en una universidad pública era que falten tizas? Qué ingenuos. Resulta que un rector terminó condenado a prisión efectiva por desviar fondos millonarios. Sí, leyó bien: prisión efectiva. No es un sketch de “Polémica en el bar”, es un expediente judicial.
El protagonista estelar es Juan Alberto Cerisola, ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, premiado con tres años y medio de cárcel por hacer malabares financieros con el dinero de Minera La Alumbrera. Junto a él, en el reparto secundario, aparecen la ex funcionaria Olga Cudmani (tres años y dos meses más inhabilitación perpetua, casi un retiro VIP) y Osvaldo Venturino (dos años en suspenso, con la gracia de no poder ejercer). Y ojo: todos con otras causas penales pendientes. Una filmografía envidiable.
Los cargos son de antología: sobreprecios en obras públicas, inversiones financieras tan “creativas” que harían sonrojar a Wall Street, renuncia a utilidades que le correspondían a la Universidad… y, por supuesto, el clásico combo “etcétera”.
La buena noticia: tenemos condenas. El vaso medio lleno. La mala: hay tantas contracaras que parece una vaso roto.
1. **La devolución**: casi 40 millones de pesos a valores históricos, que actualizados rondan los 2.400 millones. ¿Y ellos? Seguramente no tienen ni para cargar la SUBE.
2. **La velocidad judicial**: la causa empezó en 2010. Quince años. Para cuando salió la sentencia, ya habían cambiado cinco presidentes, dos papas y una generación entera de estudiantes.
3. **Los desaparecidos del expediente**: varios imputados se “perdieron” en el camino. Misterios del derecho argentino.
4. **El juicio paralelo**: más de once empresas constructoras acusadas de sobrefacturación esperan turno, porque el Tribunal Oral Federal de Tucumán está vacío de jueces y fiscales. Literalmente vacío. Este juicio se hizo con prestados de otras provincias.
Mientras tanto, la Universidad Nacional de Tucumán acumula funcionarios procesados como si fueran figuritas, y todavía arrastra la megacausa por contaminación de Minera La Alumbrera, con dos décadas de trámite. Otro récord Guinness para la justicia ambiental.
Claro, esto le viene bárbaro a los que quieren desfinanciar la educación pública: no necesitan inventar nada, la propia universidad les arma la campaña. Con un sistema administrativo oscuro, discrecional, sin controles y con corrupción a granel, lo difícil es encontrar un espacio donde no haya mugre. Y no, no hablo de los baños de la facultad.
¿Los gremios, sindicatos, graduados, docentes y estudiantes? Bien, gracias. El “mea culpa” todavía lo deben. Las causas suelen empezar con la denuncia de algún docente quijotesco, para después terminar en una querella de la propia Universidad que no aporta nada, y un par de ONGs que hacen lo que deberían hacer los que cobran sueldo para eso.
Y no nos olvidemos de las demás universidades que también recibieron los jugosos fondos de La Alumbrera. Ahora sabemos que ese dinero era espurio. ¿Lavado de dinero en la universidad? Perdón, ¿Hay algún valiente en la sala que quiera animarse a denunciar?
Porque si algo nos queda claro es que, en la Argentina, el “conocimiento” no siempre se transmite en las aulas. A veces se aprende en los tribunales.
(*) Ex fiscal federal
