Caen los «falsos compradores» y desbaratan a una banda que estafaba con cheques voladores en redes sociales

La Justicia dictó la prisión preventiva para uno de los involucrados, mientras busca a un prófugo. La organización contactaba a vendedores de vehículos en internet, firmaba los papeles de transferencia y pagaba con documentación apócrifa.

Una compleja pesquisa conducida por la Unidad Especializada de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, bajo la dirección del fiscal Diego Hevia, logró desarticular el accionar de una presunta red delictiva especializada en la apropiación ilegítima de vehículos comercializados en plataformas digitales. La causa suma hasta el momento seis víctimas confirmadas, un detenido con prisión preventiva, un prófugo con orden de captura y un tercer sospechoso bajo la lupa judicial.

El modus operandi expuesto por la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás en sede judicial revela una clara división de roles para captar a propietarios de automóviles y motocicletas. Los delincuentes operaban tras perfiles e identidades falsas principalmente bajo los nombres de «Jessica Naranjo» y «Carlos Facundo Sánchez» para pactar la compra de los rodados. La maniobra consistía en combinar un pago inicial en efectivo con el saldo restante en cheques que, al momento de ser cobrados en las entidades bancarias, resultaban ser falsificados.

Para cuando los damnificados advertían el engaño, los estafadores ya habían logrado la firma de la documentación de transferencia y revendido los vehículos a terceros de buena fe. La trama comenzó a desmoronarse tras un allanamiento en el barrio Policial de Los Pocitos, donde la policía detuvo a uno de los sospechosos, quien intentó ocultar su celular en un ventiluz y secuestró telefonos, formularios 08, posnets, cédulas vehiculares y motocicletas.

Prisión preventiva y búsqueda de cómplices

Atendiendo al peligro de entorpecimiento de la causa y la capacidad de la banda para hacer desaparecer los bienes, la Justicia hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva del imputado por un lapso de 60 días. En paralelo, las autoridades mantienen activa la orden de captura internacional para el coimputado declarado en rebeldía, mientras se evalúa si existen más damnificados que aún no formalizaron la denuncia.