SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – Tras la reciente aprobación de la ordenanza que regula las plataformas digitales de transporte (como Uber, Didi o Cabify) en la capital tucumana, el debate se ha desplazado ahora a la «letra chica» de la norma. Ante las dudas surgidas sobre cómo se implementará el nuevo sistema, el concejal Carlos Arnedo salió a marcar la cancha: la reglamentación deberá ser un espejo fiel de lo aprobado por el cuerpo legislativo, sin recortes ni añadiduras.
El edil subrayó que la normativa es un «acto legislativo pleno» y que el rol del municipio ahora se limita a la operatividad. En términos claros: la intendencia no tiene facultades para modificar el espíritu de la ley ni para imponer limitaciones (como cupos de vehículos o nuevas condiciones) que no hayan sido votadas previamente en el recinto.
Un nuevo marco jurídico
La ordenanza busca sacar de la informalidad a una actividad que ya funciona de hecho en la ciudad, pero que carecía de respaldo legal. Según explicó Arnedo, el objetivo central es dotar al servicio de seguridad jurídica y previsibilidad.
«La ausencia de regulación genera informalidad y desigualdad; la regulación responsable genera reglas claras», afirmó el concejal, enfatizando que el texto busca una «convivencia regulada» entre los taxis tradicionales, los remises y las aplicaciones.
Los ejes de la nueva normativa
El esquema de control municipal que deberá ponerse en marcha se apoya en cuatro pilares técnicos:
- Seguridad y trazabilidad: Estándares mínimos para identificar tanto al vehículo como al conductor.
- Responsabilidad legal: Las plataformas deberán responder administrativa y legalmente ante el municipio.
- Competencia leal: Establecer condiciones que permitan la coexistencia con el sistema de taxis sin ventajas impositivas o regulatorias desmedidas.
- Fiscalización estatal: Facultades claras para que el Estado municipal pueda realizar controles efectivos en las calles.
El fin de la incertidumbre
Desde el Concejo Deliberante insisten en que esta medida no busca enfrentar a los diferentes sectores de trabajadores del transporte, sino integrarlos bajo un mismo paraguas normativo. Con este movimiento, San Miguel de Tucumán intenta cerrar un capítulo de improvisación y conflictos vecinales, apostando a un sistema basado en criterios técnicos y reglas de juego claras para todos los actores involucrados.
