Buenos Aires, 2 de febrero de 2026 – El Gobierno nacional ratificó su decisión de profundizar la reforma de los medios de comunicación estatales. Mediante el Decreto 79/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se extendió por un año la intervención de Radio y Televisión Argentina S.A.U. (RTA) y Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. El nuevo plazo de gestión quedó fijado hasta el 1 de febrero de 2027.
La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el refrendo del vocero presidencial Manuel Adorni, busca otorgar «previsibilidad» a un proceso de reorganización que comenzó hace dos años y que aún se encuentra en una etapa crítica de ejecución.
Continuidad en la gestión
En la misma norma, el Ejecutivo ratificó a Carlos María Curci González como el interventor responsable. Curci González, quien asumió el cargo en agosto de 2025, tendrá el mandato de finalizar la revisión integral de procedimientos internos y liderar el traspaso de las señales estatales al formato de sociedades anónimas, conforme lo estipulado por la Ley General de Sociedades.
«La prórroga busca garantizar la coherencia técnica de los mecanismos de fiscalización y control y contribuir a los objetivos de política pública definidos por la actual gestión», sostienen los considerandos del decreto.
Alcance y antecedentes de la medida
La intervención no solo afecta a la Televisión Pública, sino que abarca un ecosistema de señales y plataformas digitales clave:
- Encuentro
- Pakapaka
- DeporTV
- Plataformas digitales de la ex Contenidos Públicos Sociedad del Estado.
Este proceso de intervención se originó en febrero de 2024 (Decreto 117). Si bien el plan original contemplaba un año de plazo, sucesivas decisiones administrativas y decretos han extendido la vigencia de la intervención hasta alcanzar, con esta última medida, el límite máximo previsto por el marco legal actual.
Hacia un nuevo modelo societario
El sustento jurídico de esta extensión se apoya en el Decreto 70/23, el cual dispone la transformación de todas las sociedades estatales. Según fuentes oficiales, las tareas de relevamiento y análisis operativo aún se encuentran en curso, lo que hace indispensable la permanencia del control estatal directo mientras se evalúa la viabilidad económica y operativa de cada unidad de negocio.
Con esta decisión, el Gobierno asegura el control total de los contenidos y la administración de los medios públicos durante gran parte de la segunda mitad de su mandato, bajo la premisa de consolidar una nueva estructura orgánica más eficiente.
