Bajo la lupa de la fiscal Mónica García de Targa, la causa por presuntos vínculos entre funcionarios municipales y el narcotráfico ha escalado en volumen y gravedad.
En apenas semanas, el expediente ya cuenta con cinco personas procesadas, un sexto imputado en espera de resolución y al menos ocho nuevos nombres que podrían engrosar el listado de investigados por su posible participación en una organización delictiva que habría operado con base en el municipio.
Desde intimidación pública hasta lavado de dinero y comercialización de estupefacientes, los delitos atribuidos exponen un entramado con conexiones institucionales, políticas y territoriales. Un repaso por los principales implicados que alimentan lo que ya se perfila como uno de los escándalos político-judiciales más graves de la historia reciente de Tucumán da cuenta de esto.
Luis “Pato” Campos: el ex intendente fue quien mantuvo la conversación con Roque “Chipi” Giménez que desató el caso. Aunque no fue imputado formalmente, es investigado por intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Se encuentra en libertad.
José del Carmen Roldán: exsecretario de Hacienda durante dos décadas, es señalado como el jefe de la organización ilícita encargada de lavar dinero proveniente del narcomenudeo. Tiene prisión preventiva por dos meses.
Roque “Chipi” Giménez: supuesto empresario de la construcción, grabó el audio clave del caso. Está acusado de intimidación pública e incitación al delito. Habría cobrado más de $ 400 millones en obras sin ejecución comprobada. Prisión preventiva por seis meses.
Pablo “Maceta” Barrionuevo: ex secretario de Acción y Desarrollo Social. Bajo sospecha por su crecimiento patrimonial y su presunto rol dentro de la banda. También cumple prisión preventiva por dos meses.
Albano Loru: ex concejal. Aparece en denuncias por el uso de drogas a cambio de votos. Se le adjudica un rol de beneficiario de fondos ilícitos. También detenido con prisión preventiva por dos meses.En libertad o sin definición
José “Cucha Mota” Funez: dirigente gremial que denunció a Roldán por vínculos con narcos en 2023. Declaró como testigo en la justicia federal pero fue procesado como imputado en la causa ordinaria. Está en libertad.
Sandra Figueroa: esposa de Campos y actual legisladora. Por su fuero, aún no fue imputada, pero se sospecha que habría avalado contrataciones directas a favor de Giménez.
Juan Lezcano: cuñado de Campos y ex-secretario de Obras Públicas. Habría sido clave en autorizar pagos por obras públicas sin ejecución comprobada.
Rebeca Figueroa: hermana de la legisladora y ex presidenta del Concejo Deliberante. Según la fiscalía, omitió ejercer control sobre las contrataciones municipales.
Carlos “Kokoz” Rodríguez: mano derecha de Roldán. Actualmente detenido en Salta por un doble homicidio con posible trasfondo narco.
Elvio Díaz: puntero político en Alberdi y detenido en Orán por el mismo doble crimen que involucra a Rodríguez.
Rodrigo “Patón” Campos: presunto colaborador de “Kokoz”, fue detenido el 3 de junio cuando transportaba un kilo de cocaína.
Roque “Colorao” Carrazán: condenado por narcotráfico, lideraba una red de narcomenudeo con “quioscos” en distintas localidades, incluida una frente a la casa del ex intendente Campos.
La fiscal García de Targa sostiene que los ingresos generados por la presunta comercialización de drogas fueron lavados a través de mecanismos estatales, con contrataciones directas, obras públicas fantasmas y fondos municipales redireccionados a imprentas y eventos de fachada.
El expediente, que ya generó una intervención del municipio de Alberdi por parte del Ejecutivo provincial, se encuentra en una etapa clave. La semana pasada, la fiscal solicitó que la causa sea derivada al fuero federal por la magnitud del entramado criminal y su posible conexión con delitos interprovinciales.
Mientras tanto, el número de sospechosos crece, y con él, la presión política y judicial. Alberdi, que alguna vez fue un ejemplo de pujanza en el sur tucumano, hoy aparece en los titulares como epicentro de una red que mezcla política, droga y poder. Y la justicia aún debe determinar cuán profunda es la raíz de esa estructura delictiva
