Buenos Aires, 2 de febrero de 2026 – En un nuevo capítulo de la pulseada por el ajuste fiscal y las reformas estructurales, el ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje contundente a los gobernadores: la baja de impuestos no es negociable. El foco del conflicto se centra ahora en la modernización laboral y el impacto que la reducción de alícuotas en el Impuesto a las Ganancias corporativas tendrá sobre las arcas provinciales.
En declaraciones radiales, Caputo defendió el nuevo esquema impositivo, argumentando que es el único camino para «generar inversiones y ganar competitividad». Sin embargo, reconoció que la ley se encuentra «un poco trabada» debido a la resistencia de los mandatarios provinciales, quienes temen un desfinanciamiento masivo en sus distritos.
Disputa por las cifras: $1,5 vs $3 billones
El núcleo de la discordia es el artículo 190 de la reforma laboral. Este propone una reducción escalonada para las empresas:
- Tramo 2: del 30% al 27%.
- Tramo 3: del 35% al 31,5%.
Mientras que los gobernadores, respaldados por informes de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), estiman que el costo en la coparticipación ascenderá a $3,18 billones, Caputo tildó esa cifra de exagerada. Según el Palacio de Hacienda, el impacto real sería de $1,5 billones y recién comenzaría a sentirse en el año 2027.
«El modelo viejo de salarios miserables e ineficiencia escondida en el tipo de cambio alto no sirve; el país tiene que bajar impuestos», sentenció el ministro, marcando una clara línea divisoria con el modelo económico anterior.
Rebelión en el CFI
Ante la firmeza del Ejecutivo, los gobernadores han decidido abroquelarse. En la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios preparan una contraofensiva técnica. El objetivo es claro: no darán luz verde a la reforma en el Congreso si no se incluye un instrumento de compensación explícito en el texto de la ley
